La inasistencia alimentaria en la niñez

Las acciones del Estado y la sociedad deben ser prioritarias

Por Lucero Cortés Méndez 

(Representante a la Cámara  por Bogotá. Presidenta-Comisión Quinta)

 

La principal preocupación de nuestra sociedad en la concepción del Estado Social de Derecho debe recaer en los niños, y por ende las acciones frente al cuidado, protección y amparo, deberán seguir siendo prioritarias en el diseño, elaboración y ejecución de las políticas públicas que converjan en la realización de la sociedad y la familia. Por lo tanto, debo señalar que corresponde al aparato legislativo desarrollar el marco legal, que se ajuste a las necesidades que materialicen el papel del Estado, la sociedad y la familia. La formación y participación de los padres de familia en esta tarea, se constituye en pilar fundamental, en la consecución de los propósitos institucionales que generen un mayor compromiso con el futuro de la niñez colombiana.
Para ello el gobierno a través de organismos del Estado deberá atacar el flagelo de la inasistencia alimentaria, que afecta particularmente a la población infantil y que hoy por hoy es causa de factores de vulnerabilidad en este sector de la población, trayendo consigo, problemas como la mendicidad, la explotación laboral y sexual, la indigencia, la violencia intrafamiliar, el pandillismo y la drogadicción, entre otros.

La consecuencia inmediata de este fenómeno social, es el maltrato físico, psicológico y sexual, el abandono total, la afectación del desarrollo psicológico del menor. Todo esto genera una desatención por parte de los responsables en el cumplimiento de estos deberes sociales, que como padres biológicos deben atender, y brindar todas las atenciones y necesidades para que el menor se desarrolle en un ambiente sano y apropiado.

Como Representante a la Cámara por Bogotá considero fundamental e imperativo que la Nación y el Distrito realicen un mayor esfuerzo en la prevención de la inasistencia alimentaría, enfocando sus esfuerzos en hacer visible esta problemática y darle un solución inmediata.

¿Cómo combatir este flagelo?

“La inasistencia alimentaria como una de las formas de mayor vulneración de los derechos fundamentales, de desintegración y desmoronamiento social y embarazos precoces, es un problema social que requiere una política pública que debe ir más allá de la jurisdicción penal1”.

Las estadísticas reportadas por la Fiscalía General de la Nación en el 2006 muestran una congestión considerable de los despachos judiciales; solamente en Bogotá uno de cada cuatro denuncias, interpuestas en las fiscalías locales, llegan a sumar un promedio de 24.000 denuncias por año (no existe referencia sobre el porcentaje de casos que no se denuncian) detrás de las cuales hay verdaderos dramas que afectan esencialmente nuestra población infantil.
Teniendo en cuenta que la familia es el núcleo de una sociedad, es claro, que el gobierno no puede aceptar, ni propiciar la paternidad irresponsable que destruya el entorno familiar. Pero al mismo tiempo no puede convertirse en un gobierno asistencialista.

Según lo ha expresado la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-237 de 1997 “el bien jurídico protegido por la norma es la familia y no el patrimonio, a pesar de que dicha obligación se traduce, finalmente, en una suma de dinero, no se castiga a quien le incumple, por defraudar el patrimonio ajeno, sino por faltar a un deber nacido del vinculo del parentesco o matrimonio, y poner en peligro la estabilidad de la familia y la subsistencia del beneficiario”

Es así como resulta importante para combatir este flagelo, la realización de campañas de sensibilización y jornadas de prevención con la participación de los distintos actores sociales, organismos estatales, centros de educación básica, media y superior, entre otros, que coadyuven a vislumbrar con objetividad el problema y encontrar soluciones verdaderamente efectivas.

Finalmente, mi compromiso como parlamentaria es el de trabajar para dotar al estado colombiano de mejores instrumentos para definir políticas públicas que contribuyan de manera concreta en la prevención y tratamiento de este flagelo de grave impacto en el deterioro del tejido social, promoviendo los valores fundamentales de responsabilidad, dignidad, respeto, armonía y unión familiar.

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