La amenaza de las redes ilícitas de poder en Venezuela sobre Colombia

Por Pedro F. Carmona Estanga

Llega a mis manos un importante análisis del “The Risk Awareness Council” de fecha reciente, abril de 2021. Es uno de los análisis más serios y preocupantes que he leído recientemente sobre la amenaza que las redes ilícitas de poder en Venezuela ejercen sobre Colombia, especialmente en una delicada coyuntura de protestas y violencia que se han vivido en el país desde hace varias semanas, causando inconmensurables pérdidas, vandalismo y víctimas, que se añaden al terrible impacto económico y social dejado por la pandemia en los últimos 14 meses.
A continuación, intentaré resumir algunas de las principales conclusiones del informe, esperando sean de interés general, y especialmente para los responsables y estudiosos en materia de seguridad e inteligencia:

Los enfrentamientos armados en Apure, Venezuela, muestran un conflicto entre grupos irregulares y las FANB venezolanas, que puede terminar en el “asalto” a la nación colombiana, a través de una red de poder de naturaleza híbrida (convencional, terrorista y criminal), dirigida desde Caracas, y financiada principalmente por el narcotráfico.

En la frontera colombo-venezolana emerge el riesgo de un conflicto de nueva generación, que enfrenta a fuerzas regulares e irregulares que defienden sus soberanías o territorios.

Las redes ilícitas de poder han venido disolviendo el Estado venezolano a través de la fragmentación del territorio, para ponerlo al servicio de la explotación criminal de sus recursos. La FANB sirve de operador logístico del narcotráfico y la minería ilegal, y su estructura se ha reconfigurado en redes en las que convergen organizaciones criminales y terroristas, para expandir la revolución chavista en el continente.

Entre los aliados más cercanos del régimen están las disidencias de las FARC, especialmente la llamada Segunda Marquetalia (Márquez, Santrich, el Paisa), las cuales, en alianza con las FANB, coordinan operaciones de gran escala de tráfico de drogas hacia Centroamérica y el Caribe, estimado en 250 TM de cocaína por año.

El ELN y el “Tren de Aragua”, megabanda venezolana de crimen transnacional, se disputan el negocio del narcotráfico en toda la franja fronteriza binacional, desde la Guajira hasta el Departamento de Vichada y el Estado Amazonas, en acuerdo con el régimen venezolano.

Se registra el reclutamiento de jóvenes colombianos y venezolanos en la banda fronteriza por parte de los grupos irregulares, en especial el ELN, con el consentimiento de la FANB. No solo se maneja cocaína, sino insumos mineros, oro y minerales como coltán, uranio y tierras raras en el Estado Bolívar de Venezuela (arco minero de Guayana).

Se ha creado una “Zona Gris” en la frontera colombo-venezolana, que es incentivo para la actividad criminal y para ocultar la operación de la FANB en la zona. Dicha Zona Gris es terreno para la delincuencia, conflictos por la dominación del territorio, y campos de entrenamiento para fuerzas militares y grupos armados que deben mantenerse en forma.

Unidades del ejército venezolano con asesoría militar rusa, han venido configurando “Batallones de Infantería Reforzados” o grupos tácticos, no para restaurar el orden, sino para constituirse en centro de gravedad, y de “gerencia” de la caótica Zona Gris mencionada.

Las amenazas de Diosdado Cabello de que una guerra con Colombia se haría en su territorio, lleva a pronosticar que el régimen venezolano se prepara para “asaltar” a Colombia por medios diferentes, utilizando un formato de guerra híbrida o no convencional.

El régimen venezolano necesita del estímulo constante de amenazas externas para tratar de cohesionar sus fuerzas internas, y justificar la depredación de su territorio y recursos.

Colombia es el espacio natural de progresión de la revolución chavista y la convierte en objetivo prioritario de expansión y poder, siempre bajo la inspiración cubana.

El incremento de los flujos migratorios, del tráfico de drogas, y la desestabilización de las comunidades fronterizas, sin fuerzas de contención, generan creciente opacidad en la frontera, pues en la Zona Gris no es posible restaurar el equilibrio institucional.

La proyección de la influencia del eje Rusia-Irán-China en el Caribe representa retos para la seguridad hemisférica, y para Estados Unidos. La expulsión de Colombia de funcionarios diplomáticos rusos y cubanos, revela estrategias de desestabilización, espionaje y desinformación. El objetivo sería debilitar al gobierno colombiano, y propiciar la llegada al poder de un gobierno sometido a la influencia del eje euroasiático.

El Kremlin proporciona estabilidad financiera, militar y de armas modernas al régimen venezolano, y para minimizar el impacto de las sanciones de Estados Unidos. Además, Rusia y Venezuela han firmado más de 300 acuerdos de cooperación, entre ellos en el sector militar, convirtiéndose en el mayor aliado político y comercial del régimen venezolano.

Colombia es percibida como aliada de EE.UU., de la democracia, y un muro de contención de la Revolución Bolivariana. Por ello, es un objetivo estratégico.

La utilización de redes comunes de legitimación de capitales provenientes de la droga, el incremento del número de armas y municiones en poder de irregulares, el crecimiento de la conflictividad fronteriza, la formación de los batallones de infantería reforzada con asesoría rusa, y el apoyo logístico de la revolución chavista a grupos políticos afines en Colombia, evidencian el ambicionado plan de toma del poder en Colombia.

El conflicto entre mafias del narcotráfico y la falta de comprensión del complejo fenómeno venezolano, funciona como elemento paralizante o disuasor de las acciones del Estado y de las Fuerzas Armadas colombianas, para contener la expansión. Las FANB venezolanas han cambiado sus objetivos de lo institucional a lo revolucionario/no convencional, con nuevas capacidades en guerras de cuarta y quinta generación.

La capacidad de control social del régimen en la Zona Gris de frontera, la fragmentación del espacio venezolano y la ausencia de Estado de Derecho, producen un efecto de “Paz Criminal”, en la cual la seguridad y la vida quedan en manos de quien controla el territorio, desactivando a la población que pretenda oponerse a los designios de la tiranía.

La concentración de los esfuerzos gubernamentales de Colombia para enfrentar los duros efectos de la pandemia, está siendo capitalizado por movimientos políticos de izquierda, algunos alineados a la revolución chavista, de cara al proyecto político estratégico de conquista del poder en 2022. La amenaza que representa para Colombia la conflictividad fronteriza no debe ser subestimada. El territorio venezolano es entre otros, el espacio de convergencia entre las FARC y el ELN.

El resumen del informe de The Risk Awareness Council, no amerita comentarios adicionales. La violencia y el caos que arropan las protestas pacíficas registradas en los últimos días en Colombia hablan por sí solas, y no pueden desligarse de los lineamientos centrales de dicho análisis.

El Perú en manos de Pedro Castillo

Pedro Castillo (Imagen: DW-VBM).

La segunda vuelta electoral en Perú está virtualmente concluida. Con el 100% de las actas computadas, Pedro Castillo aventaja a Keiko Fujimori por 50 mil votos, equivalentes a solo un 0,29%, aunque al momento de escribir estas líneas, el Jurado Nacional de Elecciones no ha proclamado ganador, pues Fujimori impugnó un grupo importante de actas, por vicios en que habrían incurrido representantes del partido Perú Libre.
Imaginando que será difícil que las autoridades electorales admitan la impugnación de las actas, ya que han defendido su gestión, es casi seguro que Castillo sea proclamado presidente electo, para desgracia de un país al que me une un especial afecto, pues allí viví con mi familia por seis inolvidables años al servicio de la integración andina; y si agregara las numerosas y largas misiones que cumplí en Lima, acumularía no menos de ocho años de vínculos con esa nación hermana. Durante esos años y posteriores, conocí a los presidentes Juan Velasco Alvarado, Francisco Morales Bermúdez, Fernando Belaúnde Terry, Alan García, Alberto Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, y a algunos de sus colaboradores, y más adelante a Alejandro Toledo, además de los presidentes interinos Valentín Paniagua en el año 2000 y al actual, Francisco Sagasti, quien fue asesor de la Junta del Acuerdo de Cartagena en mis épocas de miembro y coordinador de dicho organismo. Al único que no conocí fue a Ollanta Humala. No es pues poco lo que he vivido cerca de ese noble país, y por ello no puedo dejar de reflexionar sobre el delicado momento por el cual atraviesa.

Me remonto a la experiencia vivida con el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (1968-1975) encabezado por el General Juan Velasco Alvarado, un militar de izquierda que sacudió a la sociedad peruana, expropió propiedades agrícolas en una reforma agraria profunda y revanchista que acabó con numerosas unidades productivas de azúcar, algodón y otros cultivos, con lo cual el país pasó de ser exportador neto a importador de varios rubros. El resultado fue ruinoso, y debió ser revertido por los gobiernos de Morales Bermúdez y Belaúnde Terry, quien volvió electoralmente al poder en 1980, tras haber sido derrocado por Velasco en 1968. Además, Velasco expulsó a la International Petroleum Company, estableció relaciones estrechas con Cuba, la URSS y países de la órbita comunista, nacionalizó la banca, creó las polémicas comunidades industriales, restringió la libertad de prensa y ocupó medios de comunicación que fueron devueltos posteriormente por Belaúnde a sus dueños, llevando al país a una delicada crisis económica. Entre mis memorias del Perú de esos días, el 29 de agosto de 1975, Velasco fue depuesto en un pronunciamiento militar fulminante, adverso a las orientaciones de izquierda de su gobierno, que se inició en la ciudad de Tacna, estando nosotros reunidos en la sede del Acuerdo de Cartagena en Lima. Al día siguiente, asumió el poder el General Morales Bermúdez. Un grupo castrense inició la corrección del rumbo, y abrió luego las puertas a la democracia, con las elecciones de 1980 que favorecieron a Belaúnde Terry. Viene también a mi memoria el 12 de febrero de 1973, día en que se inauguró una nueva sede de la Embajada de Venezuela en Lima, coincidiendo con la visita oficial del presidente Caldera al Perú. Velasco permaneció en la residencia de la Embajada hasta las 5 a.m. compartiendo copas con la delegación venezolana, cuando todos, incluyendo el presidente Caldera, estábamos exhaustos. Ese mismo día, al mediodía del 13 de febrero, gracias a decisivas gestiones finales de Velasco, se formalizaba el ingreso de Venezuela al proceso de integración andina, del cual Chávez lo retiró en 2006, en un grave error histórico. Pese a la orientación revolucionaria del General Velasco, tuvo entre sus colaboradores algunos militares de valía, entre ellos el General Edgardo Mercado Jarrín, a cargo de la cartera de Relaciones Exteriores, y el General Luis Barandiarán Pagador, Ministro para Asuntos de Integración, con quien compartí muchas jornadas en pro de la causa andina. Durante el gobierno de Morales mantuve una estupenda amistad con los Vicealmirantes Jorge Parodi Galliani y su familia, y Jorge Dubois Gervasi, ambos grandes señores.

En tiempos recientes, el Perú ha vivido etapas políticas particularmente difíciles. Fujimori quiso perpetuarse en el poder, se rodeó de personajes nefastos como Vladimiro Montesinos, cerró el Congreso, y fue luego sentenciado por violación de derechos humanos, razón por la cual se encuentra aún detenido. Pero modernizó la economía peruana, luchó contra Sendero Luminoso, y desde ese entonces los principales lineamientos de política económica se han mantenido como política de Estado. Así, un país con inocultables problemas sociales y de equidad, logró un ritmo de crecimiento económico sostenido, con avances en la reducción de la pobreza. Más adelante se inició un ciclo de inestabilidad política, por acusaciones de corrupción contra los expresidentes Toledo, Humala, García y Kuczynski, principalmente por el caso Odebrecht, a raíz de lo cual, y el episodio del sucesor Kuczynski, Martín Vizcarra, se llega a las elecciones presidenciales de las cuales surge catapultada la figura desconocida del maestro Pedro Castillo, perteneciente a la agrupación Perú Libre, cuyo fundador y líder es Vladimir Cerrón, quien no pudo ser candidato al estar condenado por corrupción. Cerrón es declarado marxista-leninista, revolucionario, y amigo del gobierno de Maduro, al que califica cínicamente de democrático.


Pedro Castillo sostuvo durante la campaña para la segunda vuelta que se trataba de una lucha entre ricos y pobres, prometió la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la orientación política y económica del Perú, nacionalizar la minería y el petróleo, fortalecer el papel del Estado en la actividad empresarial, dar ingreso directo a los jóvenes a las universidades, derogar la Ley de Reforma Magisterial, construir universidades estatales regionales, liderar un gobierno de orientación socialista, y expulsar inmigrantes venezolanos. La propuesta de Castillo fue respaldada por sectores populares y campesinos, especialmente de la región andina y de selva, no así de Lima, muchos de ellos con sentimientos de postergación y olvido, en los cuales fue fácil sembrar un mensaje populista y de esperanzas.


Considero con mucho pesar, que el Perú entra en una etapa de grave incertidumbre, que espantará la inversión y afectará el dinamismo de su economía, reflejado en que, de inmediato, la bolsa y la moneda peruana se derrumbaron con la noticia del triunfo de Castillo. El hecho es que los evidentes problemas del Perú no se resuelven en socialismo, pues está demostrado que en ningún país gobernado por la izquierda radical se han solucionado la pobreza, el desempleo o la mala distribución del ingreso. La experiencia venezolana es reveladora de un estruendoso fracaso que ha pauperizado al otrora país de oportunidades. Recientemente vi un revelador video comparativo entre frases pronunciadas por Chávez en sus alocuciones, colocadas frente a los mensajes de Castillo, y casi que no podía dar crédito a la semejanza entre ambos guiones. La precipitación de los regímenes Bolivia, Venezuela, Argentina y Nicaragua en felicitar a Castillo antes de ser proclamado, y el alborozo con que la tiranía venezolana acoge su triunfo, son suficiente evidencia de las afinidades existentes. Nada bueno podemos esperar de este salto al vacío decidido por el pueblo peruano.

Inevitablemente me recuerda al caso venezolano. Que Dios salve al Perú, partido en dos, de una tragedia, y que esta nueva realidad, frecuente en los movimientos pendulares de nuestra desveladora América Latina, sirva de espejo adicional a las naciones que deberán elegir presidente en 2022, entre ellas esta segunda patria, Colombia. Amanecerá y veremos.

Migración y Xenofobia

(Imagen:archivo particular-VBM).

En junio de 2020 escribí en este mismo Blog un artículo que titulé “Migración y Demografía”, en el cual analizaba las consecuencias geopolíticas, demográficas y sociales de las inmensas corrientes migratorias que ocurren en el mundo, y algunos de los problemas a ellas asociados.

Hoy he considerado conveniente abundar en la relevancia del tema, y en la aparición de fenómenos nacionalistas o xenófobos alrededor del planeta, de insospechadas consecuencias.

Insistiré primero en la magnitud del problema. Según un informe de la ONU de 2019, existían para ese año 272 millones de migrantes en el mundo, 51 millones más que en 2010, la mayoría de ellos radicados en Europa (82 millones) y en América del Norte (59 millones), en particular Estados Unidos (51 millones). Le siguen el Norte de África y Asia occidental (Arabia Saudita y Emiratos Árabes), con cerca de 49 millones y Australia con 8 millones, cifras que reflejan un aumento progresivo con respecto a décadas anteriores.

En cuanto a los países de origen, India ocupa el primer lugar con 18 millones de emigrantes, seguida de México, con 12 millones, China 11 millones, Rusia 10 millones, Siria 8 millones, y aunque Venezuela no está citada en dicho informe, la cifra bordea en la actualidad los 6 millones de personas, la mayor diáspora que haya conocido Suramérica en toda su historia, acercándose a las cifras de Siria. Estos dos últimos casos, Siria y Venezuela, potencian la cifra de la migración forzada por las condiciones políticas y de violencia prevalecientes, y el número de demandantes de refugio y asilo, sin olvidar otras situaciones sensibles como la persecución a la etnia Rohinyá en Myanmar, la cual ha huido principalmente a Bangladesh, India e Indonesia, o el caso de los migrantes de Sudán del Sur. Según datos recientes de ACNUR, entre 2020 y 2017, hay 13 millones de nuevos refugiados y demandantes de asilo alrededor del mundo, la mayoría de ellos personas en edad de trabajar.

Es innegable pues la existencia de un fenómeno de enorme dimensión, no exento de problemas para las naciones receptoras, y para la capacidad de asistencia de los organismos internacionales y ONG que se ocupan de la materia. Pese a ello, todos los análisis coinciden en que, dada la casi nula tasa de natalidad del mundo desarrollado, y la indisposición de su población de asumir tareas menores, la migración aporta, y evita un decrecimiento demográfico mayor en esos países, en los cuales se ha ido generando un grado mayor de mestizaje y multiculturalismo. Pero, más allá de ocupar oficios poco atractivos para la población autóctona en países avanzados, tanto el informe de la ONU como una amplia bibliografía, reconocen la contribución que los migrantes a la fuerza laboral en los países a los que llegan. A manera de ejemplo, es indudable el aporte de tantos destacados profesionales latinoamericanos en un país como Estados Unidos, en campos como el de la educación, la medicina, la ciencia, la ingeniería, la tecnología, la cultura, y hasta en temas sofisticados como la aeronáutica, o el que, a manera de ejemplo, cumplen destacados profesionales indios que ocupan posiciones de liderazgo en Europa y en Estados Unidos.

Nadie niega la necesidad de promover una migración y una movilidad humana ordenada, segura, regular y responsable en los países receptores, tema sobre el cual hay que destacar dos hechos recientes: la decisión del gobierno del presidente Iván Duque de otorgar un Estatuto de Protección Temporal que permitirá regularizar en los próximos 10 años a inmigrantes venezolanos que se encontraran en territorio colombiano antes del 31 de enero de 2021, un hito en la historia migratoria de América Latina, que ha merecido el elogio de muchos líderes del mundo democrático y religioso. La medida favorecerá a 966.000 migrantes venezolanos irregulares en Colombia, del total de 1.729.000 que se encuentran en el país, ya que unos 720.000 estaban regularizados.

Otro paso importante fue el dado por el presidente Joe Biden, al aprobar el Estatus de Protección Temporal (TPS) por 18 meses, para unos 320.000 migrantes venezolanos que se hallan en un limbo legal en Estados Unidos. Dicho estatus constituye una loable medida de ayuda humanitaria, dadas las “condiciones extraordinarias y temporales” existentes en Venezuela, decisión que ha sido celebrada por los afectados y por el gobierno de transición, no así por el régimen de Maduro, quien la descalifica, al igual que a la decisión del presidente Duque, evidenciando así su indiferencia ante la avalancha de venezolanos forzados a huir del país, en la mayoría de los casos en búsqueda de condiciones mínimas de vida, inexistentes en el país.

Al nivel mundial, el nivel acumulado de los flujos migratorios es solo comparable con el registrado durante la Segunda Guerra Mundial. Quizás por ello, han surgido en el Reino Unido, Polonia, Hungría, Chequia, Eslovaquia y en otros países de Europa del Este que sufrieron el yugo comunista, corrientes ultranacionalistas que se oponen a decisiones comunitarias en materia migratoria, junto a inquietantes brotes xenofóbicos. En nuestra región, después de que Venezuela acogió generosa a millones de migrantes de países hermanos y de Europa, que dieron una indudable contribución a su desarrollo, hemos visto con tristeza casos como el del candidato a la presidencia del Perú Daniel Salaverry, quien han hecho de la migración de venezolanos una bandera de campaña en términos agresivos y xenófobos, olvidando, según testimonios, que estudió en Venezuela. Son esas expresiones irresponsables de populismo, que luego alimentan actos como el ataque vandálico ocurrido contra la sede de la Embajada de Venezuela en Lima.  O sin ir más lejos, el repudio que ha generado recurrentes expresiones xenófobas de la alcaldesa de Bogotá, quien ha achacado a los venezolanos el aumento de la delincuencia en la ciudad, exacerbando sentimientos adversos, que contrastan con la noble actitud del gobierno del presidente Duque, y de la mayoría del pueblo colombiano.

En Europa, muchos ciudadanos de sus excolonias en África, Asia y el Caribe, donde no hubo desarrollo, buscan ahora afanosamente el sueño europeo. Es también la situación de tantos mexicanos y centroamericanos que tratan día a día de cruzar la frontera con Estados Unidos, en pos de mejores condiciones de vida. Y en cuanto a Venezuela, el problema radica “in situ”, pues el régimen despótico y depredador condujo al país a la miseria. Por ello, es necesario que la comunidad internacional se alíe para encontrar una salida al problema en sus raíces. Es una falacia alegar, como lo expresan Lula da Silva y AMLO, que la solución del problema solo está en manos de los venezolanos, olvidando que se trata de un país ocupado. Y en el caso centroamericano, EE.UU. debería comprometerse en planes de desarrollo económico y social, y así, de paso, aliviar la presión migratoria. Para Colombia, el apoyo de los organismos de la ONU y de países con recursos para aliviar el costo de la migración, es oportuno y necesario. No más etiquetas del delito con ninguna nacionalidad. Los cometidos por venezolanos, todos desde luego repudiables, no representan ni el 2% de los cometidos en el país, y menos del 1,7% de los presos en las cárceles. La inmensa mayoría es gente de bien. A la minoría que delinca, que se le aplique todo el peso de la ley. Concluyo lamentando de corazón el asesinato reciente de un joven policía de manos de dos compatriotas, que enlodan nuestro gentilicio, y expresando a sus adoloridos familiares y compañeros, una sentida condolencia, junto con un pedido de perdón ajeno, en nombre de la Venezuela decente.  

Una nueva política energética en Estados

Con la asunción de la administración Biden en Estados Unidos, se produce un vuelco en materia de política ambiental y energética con respecto a las políticas del pasado, y en especial a las aplicadas durante el gobierno de Donald Trump. Las principales orientaciones de esas nuevas políticas anunciadas hasta ahora, se orientan en la siguiente dirección:

  1. EE.UU. asume con paso firme el reto de la transición hacia energías limpias, implantando algunas restricciones al desarrollo de las energías fósiles (carbón y petróleo).
  2. El primer compromiso anunciado apunta a lograr un sector energético libre de emisiones de carbono en el año 2035, y una economía de cero emisiones netas en el 2050. Sin duda un ambicioso plan, que significaría inversiones del orden de los US$ 2,5 billones.
  3. Reincorporación de EE.UU. al Acuerdo de París sobre Cambio Climático y al control de gases de efecto invernadero, para contribuir a limitar el aumento de las temperaturas en el planeta a 1,5% sobre los niveles preindustriales, amén de asumir un papel protagónico en la cumbre del clima que se celebrará en Glasgow (Escocia) del 1º al 12 de noviembre del 2021.
  4. Por razones ambientales, la suspensión de la construcción del oleoducto Keystone entre Alberta, Canadá, y el Golfo de México, decisión que ha generado “decepción” en Canadá, dado el avance de obras e inversiones en dicho proyecto, e igualmente de parte de los sindicatos estadounidenses, favorables a Biden, ya que se comprometen unos 10.000 empleos. El Keystone ha sido un proyecto controversial desde hace varios años, que fue vetado en su momento por Barack Obama, y a la vez objetado en los Estados de Montana y Nebraska, pese a lo cual Trump había decidido impulsarlo. 
  5. Mantenimiento de la tecnología del “fracking” (tecnología de fracturación hidráulica) para la explotación de crudos no convencionales, gracias a la cual EE.UU. se convirtió en 2019 en el primer país productor de petróleo del mundo, con un volumen superior a 12 millones de barriles diarios (b/d), aunque el país sigue siendo importador neto de petróleo, en un promedio de 4,4 millones de b/d en 2019, principalmente desde Canadá, Arabia Saudita y México.
  6. Prohibición de nuevas concesiones petroleras en tierras federales, en las cuales se producen en la actualidad unos 2,8 millones b/d. Ello sin efecto retroactivo.
  7. Orden de adquisición de vehículos eléctricos en todas las dependencias federales, para contribuir a la reducción de emisiones a la atmósfera. Las compañías privadas están respaldando esa política, y así, General Motors (GM), anunció hace pocos días que a partir de 2035 solo fabricará vehículos de “cero emisión”, mientras Ford inicia la producción en México de automóviles eléctricos. Por su parte, Tesla, el gran fabricante de este tipo de vehículos en sus instalaciones en California y en China, se ha convertido en la compañía automotriz más apreciada del mundo, con un aumento de 700% en el valor de sus acciones. El ejemplo está siendo seguido por varias empresas multinacionales automotrices.
  8. Le designación de John Kerry como mano derecha de Biden en los temas de cambio climático, rodeado de un importante grupo de asesores, muestra el interés que la nueva administración asigna al cambio climático y a la transición energética. Al decir de Kerry: “El tema ambiental es para Biden, sin que haya margen a duda alguna, una de sus primeras prioridades. Él hará más progresos en el tema, que todos sus predecesores”.
  9. Aunque las nuevas políticas de la administración Biden pueden cambiar las proyecciones, EE.UU. seguirá siendo un actor relevante en la producción de hidrocarburos, especialmente de los no convencionales, aunque se prevé que registrará una mayor demanda de gas que de crudos, dado que el gas es un combustible fósil más limpio.
  10. Los países desarrollados (OCDE), entre ellos EE.UU., no serán en un futuro los mayores demandantes de petróleo, sino los países emergentes y en desarrollo, en los cuales se concentraría un 70% de la demanda mundial en el año 2045. Ello muestra que la dinámica del desarrollo global descansará más en los países emergentes, y muy especialmente en el continente asiático, donde las proyecciones indican que se generará hacia esa fecha, más del 60% del PIB mundial. Es de desatacar que según el OPEP Outlook, mientras la producción de petróleo subirá entre 2019 y 2045 en un promedio de solo el 0,3% anual, las energías renovables no convencionales (diferentes a hidroelectricidad), lo harán a una sorprendente tasa promedio del 6,6% interanual. La demanda de carbón caerá en ese lapso al 0,3% anual promedio, por razones ambientales, ya que el carbón es la energía fósil más contaminante.
  11.  Biden ha ordenado al Pentágono, a las agencias y departamentos gubernamentales, asignar al tema del cambio climático el carácter de “seguridad nacional”, lo cual tiene claras implicaciones sobre todas las políticas públicas de EE.UU.
  12. Pero no todo luce fácil para la administración Biden en materia energética y ambiental. Así, el Senador McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, ha adelantado una postura contraria a las políticas anunciadas por la nueva administración, alegando su alto costo, la pérdida de la inversión y empleos en la industria de los hidrocarburos, a la cual considera como motor de la economía de EE.UU. por más de un siglo.
  13. Por su parte, Mike Sommers, líder de la American Petroleum Institute, alerta de que vienen tiempos duros para la industria de Oil & Gas, la cual viene ya de un año difícil en 2020, y expresa que las políticas de Biden afectarán a importantes regiones del país. Por ello, anuncia que adversará dichas políticas, especialmente en cuanto a la reducción o eliminación de los incentivos tributarios a la industria petrolera, y a la prohibición de nuevas concesiones en tierras federales.
  14. John Kerry refuta que la transición energética a energías limpias vaya a afectar el empleo, pues considera que se generarán nuevos puestos de trabajo en hidrógeno verde, geotermia y las demás energías renovables. Sin olvidar que, pese a la controversia, el tema ambiental cuenta también con fuertes partidarios en la opinión pública de EE.UU.

Como conclusión, EE.UU. da pasos de animal grande en materia de transición energética y cambio climático, dando así una contribución relevante a la reducción de gases de efecto invernadero, aspecto en el cual EE.UU. genera un 13% del total de las emisiones mundiales de carbono, contra un 27% China, país también comprometido en su reducción, e India con un 7%. Son pues enormes retos, fuertes inversiones, y conflictos de intereses, los que estarán presentes en la implementación de las nuevas políticas de cara a los años venideros. Pero en general, la direccionalidad de las mismas va en un sentido correcto de la historia, en la defensa de la sostenibilidad del planeta y del bien común universal, y sin un detrimento fundamental para la industria de los hidrocarburos, la cual cuenta aún con un buen futuro por varias décadas más, aunque sí, con necesidad de mucha innovación y retos ambientales.   

Un nuevo gobierno en los Estados Unidos

Joe Biden (Imagen: archivo particular-VBM)

Comienzo por afirmar que los venezolanos estamos agradecidos con Trump, por la firmeza que mantuvo contra el régimen que oprime a Venezuela, y por su compromiso con la causa de la democracia y la libertad en la sufrida patria. Ello sin dejar de reconocer que su estilo fue pugnaz, polarizante, soberbio, con lo cual generó animadversiones nacionales e internacionales, agravadas con su pertinaz negativa a reconocer los resultados electorales, y por la incitación a los injustificables hechos ocurridos en el Capitolio el pasado 6 de enero. Todo indica no obstante, que el segundo juicio político contra Trump, promovido por los demócratas, no prosperará en el Senado de EE.UU. Habría esperado que el presidente saliente no rompiera la tradición de asistir a la asunción del nuevo presidente, pero era mucho esperar de su compleja personalidad. Pero el vicepresidente Pence se llevó los puntos, con una actuación institucionalista, tanto en el acto de confirmación de los votos del Colegio Electoral por parte del Congreso, como concurriendo al acto de toma de posesión de Biden.

Joe Biden ha iniciado su gestión con una febril actividad desde el primer día, superando en el número órdenes ejecutivas a la actividad inicial de todos sus predecesores, todo ello como miras a fijar prioridades, o a revertir las políticas seguidas por Trump, en aspectos sustantivos que habían sido parte de la oferta electoral durante la campaña. Adelanto que no tengo inclinación proabortista, y que por ello difiero de la decisión de revertir las políticas implementadas por el expresidente Trump, que iban contra el aborto. Pero la intención de esta entrega es destacar algunas de las medidas más importantes hasta ahora adoptadas por Biden, entre ellas:

  1. La reincorporación de EE.UU. al Acuerdo de París sobre Cambio Climático y reducción de gases de efecto invernadero, y el impulso a energías limpias, entre ellas mediante la orden de adquisición de vehículos eléctricos por parte de las agencias federales y el  desestimulo al papel de las energías fósiles, ello sin prohibir el uso de la tecnología del “fracking” para la explotación de los hidrocarburos no convencionales, mediante la cual EE.UU. se convirtió en el primer productor mundial de petróleo. La designación de John Kerry como responsable del tema climático, y de un calificado grupo de expertos que lo acompañarán, muestra que EE.UU. reasume sus responsabilidades planetarias en un tema tan sensible, y que se esforzarán en alcanzar la meta de lograr un sector energético libre de emisiones de carbono en 2035, y una economía de cero emisiones netas para el año 2050. Las reacciones adversas de la industria petrolera y de algunos sindicatos, así como de Canadá por la suspensión de la construcción del oleoducto “Keystone” entre ambos países, no se han hecho esperar.  
  2. La reincorporación de esa nación a la Organización Mundial de la Salud, como parte del regreso de EE.UU. al multilateralismo, ayudará al impulso del programa COVAX para la distribución más equitativa de las vacunas contra el COVID 19 en el mundo en desarrollo, y de esa manera liderar la respuesta global ante la pandemia. Al nivel interno, Biden dispuso planes para atacar la pandemia, imponiendo fuertes medidas para contener los contagios y controlar a los viajeros internacionales, amén de acelerar el programa de vacunación masiva con una meta de 100 millones de vacunados en 100 días.
  3. Medidas inmediatas destinadas a proteger a los jóvenes “soñadores” (DACA), amenazados antes de expulsión; la legalización gradual de hasta 11 millones de indocumentados; la eliminación de las restricciones generalizadas de prohibición de ingreso de ciudadanos de 11 países musulmanes; la reunificación de las familias de inmigrantes, y el anuncio de que propondrá al Congreso una nueva política migratoria, bajo una visión más integral y humana. Ello además de la detención de la construcción del muro con México y la cancelación del estado de excepción que permitió destinar recursos federales para ese propósito, y de una moratoria para ejecuciones hipotecarias y deudas estudiantiles.
  4. Un plan de estímulos económicos, destinado a ayudar los estratos de bajos recursos, y a las empresas en dificultades por la pandemia, que alcanzaría US$ 1.900 millones, así como un aumento del salario mínimo a US$ 15 por hora de trabajo.
  5. La prioridad del “Buy American” por parte de los organismos federales, para estimular la actividad económica doméstica. Ello difiere del neoproteccionismo propiciado por Trump, ya que no implicaría adoptar aranceles discriminatorios, aunque requerirá congruencia con los principios del “trato nacional” incluido en los acuerdos de libre comercio existentes, o en las normas vigentes de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
  6. En materia de política internacional, el nuevo Secretario de Estado Anthony Blinken ha reiterado que EE.UU. no reconoce la Asamblea Nacional ilegítima elegida fraudulentamente en Venezuela el pasado 6 de diciembre, e insiste en la necesidad de garantizar elecciones justas, libres y democráticas en el país, además de haber manifestado, como también Biden, que Maduro es un dictador, y que es parte del problema y no de la solución de la crisis. Por tanto, se prevé que las únicas negociaciones que cabrían, y no las que aspira el régimen de Maduro de que haya un levantamiento de las sanciones, sería para que haya elecciones libres, de las cuales surja un gobierno representativo de la voluntad del pueblo venezolano.
  7. En otros aspectos geopolíticos, las prioridades del gobierno de Biden estarán en torno al mejoramiento de las deterioradas relaciones con sus aliados de Europa y con la OTAN, así como en definir el delicado tema de la postura frente al régimen cubano. Tiene mucha importancia el acuerdo alcanzado hace pocos días con Rusia para prorrogar por cinco años el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START) que expiraba el próximo 5 de febrero, evitando así una nueva carrera nuclear. De otra parte, tendrá prioridad la definición futura de la posición frente al acuerdo sobre control del desarrollo nuclear de Irán, del cual el país se había desvinculado el país durante la administración Trump. Y finalmente, el papel de la nueva administración estadounidense sobre el tema palestino, dada la ruptura que se generó entre EE.UU., Israel y Palestina, a raíz del plan propuesto en 2020 por Trump y Netanyahu, que fue rechazado con ira por Palestina. Lo dicho, sin que sea taxativo, ya que EE.UU. tendrá también la responsabilidad de definir una visión de largo plazo en sus relaciones con la inestable región latinoamericana, de la cual ha carecido en los últimos tiempos, por otras prioridades en Asia y el Medio Oriente.

Son estas apenas algunas de las orientaciones y retos que enfrentará Biden en el poder, en un país polarizado, en el cual Trump ya asoma que no colgará los guantes, pues organiza equipos y oficinas en Florida para mantener su presencia en el escenario estadunidense, modificando en ese caso las tradiciones de los expresidentes, de no involucrarse en asuntos políticos internos, tras dejar sus funciones en la Casa Blanca. No es pues un lecho de rosas el que aguarda a Biden en los próximos cuatro años. Ojalá y logre tener éxito, despejar dudas, unificar al país, y mantenerse en la postura de centro que lo ha caracterizado, sin abrir demasiado juego a algunos grupos “progresistas” que lo rodean, y que no dejan de generar preocupaciones.   

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