Justicia para la paz

Como podemos hablar de paz si no hay confianza en la justicia, si lo que se conoce a través de los distintos medios de comunicación es que las instituciones de control no funcionan, tal como ocurrió con el reciente escándalo producido por la señora Procuradora General de la Nación que suspendió al Director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, al parecer porque él hacia bien su trabajo e identificó “ la existencia de posibles faltas disciplinarias derivadas del presunto incumplimiento del contrato de compraventa del paquete accionario correspondiente al 82,16 % de las acciones suscritas de la Triple A”, y al superintendente de Servicios Públicos Domiciliaros Dagoberto Quiroga Collazos quien considero que la “enajenación temprana” es excepcional y que no podía utilizarse para este tipo de operaciones. También dijo que podría presentarse un “peculado por apropiación a favor de terceros”, pues, en su concepto,la habría podido concretarse por $300.000 millones adicionales”.

(Imagen: archivo particular – VBM).

De ser esto cierto, entonces en lugar de premiar al que descubre la corrupción y protege los dineros del Estado y de los colombianos se le penaliza. ¿Qué clase de país tenemos?

Todo este tejemaneje que le dio la procuraduría a este tema de las acciones de la Triple A evidenció que la corrupción y los caciquismos se imponen y son los que degradan el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática.

Lo que no se puede entender es que ante estos hechos tan contundentes y ante los distintos escándalos que se han venido conociendo en las diversas noticias relacionadas con el jefe del ente acusador y la procuradora general, no se inician los procedimientos de ley para investigarlos, sancionarlos y reemplazarlos.

Parecería que la doble moral se impone entre algunos congresistas a los que les tiembla el pulso para ello. Si el partido de gobierno cuenta con la mayoría, ¿por qué no se procede de conformidad con la constitución y la ley?

Ningún proceso de paz puede garantizarse si el tumor de la corrupción y el clientelismo político continúan.

Se puede entender la impotencia de algunos colombianos cuando la ley se le niega, o cuando la obtienen y no se hace efectiva.

Si queremos paz debemos aunar esfuerzos para purificar a los autores de los delitos, aplicarles la muerte política, sacarlos de la vida pública y así acabar con sus tentáculos.

No podemos quedarnos solo en los escándalos sin efectuar las correcciones del caso. La imagen que estamos vendiendo a la comunidad internacional es de violencia, inseguridad y corrupción.

Debemos recomponer el tejido social, depurar y reconstruir valores, garantizar y fortalecer el imperio de la ley para luego si pensar en hacer la paz.

Por todo lo anterior la democracia está en peligro, los ciudadanos empiezan a buscar formas para hacer justicia por mano propia, pues encuentran en la dictadura la manera de implantar el orden y la disciplina frente al caos que los corruptos producen con lo que aniquilan la institucionalidad.

Cuando la democracia se convierte en plutocracia la institucionalidad corre un grave riesgo; por ello debemos reconstruirla para evitar daños peores, pues a pesar de todo lo negativo que pueda tener, es la mejor alternativa, aunque obviamente debemos recuperar la credibilidad en el Estado de Derecho y en las ideas liberales.

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Clara Inés Chaves RomeroExdiplomática y escritora. Comunicadora con amplia experiencia en columnas de opinión, en análisis de la política nacional e internacional. Escritora del libro Justicia Transicional, del laberinto a la esperanza catalogado de consulta y del libro Crónicas de Juegos y maquinaciones políticas. Columnista de la revista “Realidades y Perspectivas” universidad de Chile Columnista. “revista Ola Política”, febrero 2019- actualmente.

Sobre Clara Inés Chaves

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