Estamos en un país, en el que su gobierno salva toda suerte de obstáculos aprovechando la cascada de escándalos que se suscitan día a día. La ola de alborotos, es bien utilizada por el régimen para tapar unas cosas con otras.
Era necesario silenciar el informe preliminar del Relator de la ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston, sobre los “falsos positivos”, vergüenza internacional.
Se creyó que se utilizaría algo edificante, pero no. Se acudió a la más baja de las estrategias conocidas: el hundimiento de la “Ley de Víctimas”, con razones pueriles que esgrimieron los ministros de Hacienda y del Interior y el propio Presidente Uribe. Son tales y tantos los crímenes de Estado, que aprobar dicha ley quebraría al gobierno. Nadie ha podido saber cuánto dinero se requerirá para saldar la deuda que se tiene con estas víctimas. El ministro da unos datos, el presidente unas veces otros y el ministro del interior, ni siquiera se atreve a cuantificarlos.
Lo que no le han dicho al país, es que esa indemnización es justa y que no sale de una sola vez, ni en un mismo año.
El ministro Valencia Cossio, se sonrojó y no tuvo más remedio que anunciar la presentación de un nuevo proyecto de ley el próximo 20 de Julio. Desde luego que dicho proyecto será un simple caramelo para las víctimas, porque de antemano explicó que la indemnización se ajustará “a la responsabilidad fiscal, política y social”. Quién podrá entender esto en dinero cantante y sonante.
El escándalo para tapar el informe de la ONU sobre los falsos positivos, cumplió su cometido y las víctimas pusieron el bulto. Total, los crímenes de Estado cometidos por los militares para ganar ascensos, condecoraciones y permisos, quedaron sepultados, en menos de 24 horas.
Y mientras los escándalos surtían sus efectos, por debajo de la mesa, un parlamento vergonzante, pasaba sigilosamente el llamado “principio de oportunidades”, que aparentemente no quiere decir nada, pero que en el fondo, es la legalización de la más descarada impunidad para millones de crímenes cometidos por los paramilitares en Colombia.
A estas alturas, ya el Fiscal debe haberse apresurado a suspender la acción penal a los delincuentes –llámense 19 mil paramilitares- que colaboren con la justicia. No creo que el Presidente, como ha ocurrido con otras leyes, en un acto de valentía y decoro, devuelva por inconveniente el proyecto al congreso que con su aplanadora, atropella a esta sociedad que como borregos volverá a hacer fila ante las urnas para elegir a los mismos.
¿Qué despropósitos los que vemos a diario en este polarizado país?
gabrielortiz10@hotmail.com
